En Venezuela, la ley exige que los funcionarios policiales y públicos deban estar uniformados y en vehículos oficiales para poder cargar gasolina en las estaciones de servicio.
Esta medida busca regular el acceso al combustible y asegurar que solo aquellos autorizados puedan beneficiarse de él, incluso si cuentan con carnet de prensa o de funcionario.
La norma se aplica en el centro de Caracas, en la transitada Avenida Barajas, reforzando la idea de que la ley rige para todos por igual, independientemente de su cargo.