El debate sobre el femicidio de Ana María Soraires en Florencio Varela pone de relieve las fallas del sistema judicial para prevenir y actuar ante la violencia de género. Se cuestiona la efectividad de las órdenes de restricción y la falta de inversión en medidas de protección.
Se discute la necesidad de que la justicia tome medidas más firmes, como la implementación de tobilleras electrónicas y un mayor control sobre los agresores. La falta de inversión estatal y la corrupción son señaladas como obstáculos para la protección de las víctimas.
La discusión también se enfoca en la importancia de la denuncia y la intervención de la sociedad, así como en la necesidad de diferenciar entre problemas de pareja y actos de violencia ejercidos por un agresor.