En Venezuela, el debate se centra en la falta de construcciones antisísmicas adecuadas, especialmente en edificios erigidos a partir de 2014. Si bien existían normativas desde 1967 tras un terremoto, estas no se habrían aplicado consistentemente en construcciones posteriores.
Esta precariedad en la infraestructura es señalada como una de las principales causas de la devastación causada por el reciente terremoto, ya que muchos edificios no estaban preparados para resistir sismos de tal magnitud.