El reciente terremoto en Venezuela, de 7 grados en la escala Richter, evidencia la precariedad de la infraestructura y la falta de dispositivos de emergencia adecuados en un país empobrecido.
A pesar de que la ley exige construcciones antisísmicas, la falta de revisión y cumplimiento de estas normativas es evidente. La zona es sísmica y la preparación ante estos eventos ha sido históricamente escasa, lo que agrava las consecuencias de los sismos.