La justicia federal ha dictaminado que el gobierno argentino debe cumplir con la ley de financiamiento universitario, reafirmando la medida cautelar que garantiza los aumentos salariales y las becas.
Esta decisión judicial otorga certeza a las universidades, que venían advirtiendo sobre la posible reducción de la dedicación de profesores y el impacto en la continuidad académica.
Se espera que el gobierno acate el fallo y se abra una instancia de diálogo para discutir el futuro de la educación superior y la formación de profesionales en el país.