La Corte Suprema de Justicia ordenó al Gobierno la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, confirmando una medida cautelar que obliga a la gestión a cumplir con la actualización salarial y la asignación de fondos para programas académicos.
El máximo tribunal rechazó un recurso del Poder Ejecutivo, argumentando cuestiones procesales y la falta de una sentencia definitiva. La cautelar se mantiene vigente mientras continúa el proceso judicial que determinará si el Ejecutivo puede o no frenar la aplicación de la ley aprobada por el Congreso. La decisión se basa en un fallo que involucra a los jueces Carlos Rossati, Carlos Rosencrantz y Ricardo Donizetti.