Se describe la situación del gobierno como una "encerrona" que le impide gestionar y sesionar, en parte debido a la presión judicial y las versiones sobre la posible salida de Manuel Adorni. La justicia avanza con requerimientos patrimoniales.
Se cuestiona la viabilidad de un funcionario en un cargo tan alto en medio de un proceso judicial y se plantea la dificultad de gobernar bajo estas condiciones.