Se discute la intervención del Congreso en la situación de Adorni, con posturas encontradas sobre si debe resolverlo la justicia o el ámbito legislativo. Se menciona la existencia de mecanismos judiciales en marcha.
Un participante critica la idea de que el Congreso tome decisiones a los gritos, y resalta la importancia de los mecanismos judiciales y penales. Se hace referencia a la Comisión de Derecho Constitucional que tratará el tema.
Se plantea la dicotomía entre la postura jurídica y la política, y se sugiere que una decisión rápida del Congreso beneficiaría a la república, que se considera ya dañada.
La conversación se desliza hacia la pérdida de la partida en la opinión pública por parte del gobierno y la aparición de incongruencias, a pesar de que lo jurídico pueda decir otra cosa. Se menciona la importancia del concepto de inocencia procesal frente a la realidad de los hechos.