Se recuerda que a fines de febrero existía un proyecto de ley de financiamiento universitario que nunca fue tratado, a pesar de que el gobierno y las universidades habían avanzado en negociaciones.
El diálogo se había mantenido con la Secretaría de Política Universitaria, pero el conflicto se reavivó ante la falta de avances concretos y la posterior decisión del gobierno de no cumplir con la ley votada por el Congreso.