La Corte Suprema de Justicia falló a favor de las universidades, ordenando al gobierno cumplir con la ley de financiamiento universitario. Esta ley contempla la indexación por inflación de los salarios de docentes y no docentes.
La Corte evita pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley en sí, ya que existe una disputa entre el gobierno y el Congreso. El gobierno argumenta que no se especificó la fuente de financiamiento, mientras que el Congreso sostiene que debe salir del presupuesto existente.
Mientras se resuelve la cuestión de fondo, la Corte ha emitido una medida cautelar que obliga al gobierno a cumplir la ley votada por el Congreso. El gobierno aún no se ha pronunciado oficialmente sobre cómo acatará esta orden.
Se recuerda que en el pasado hubo situaciones similares con fondos para la Ciudad de Buenos Aires, donde el gobierno tardó en cumplir. El acuerdo previo con las universidades contemplaba un aumento salarial del 25%, y con la suma de lo que exige la Corte, el aumento global rondaría el 50%.