El gobierno busca derogar la Ley de Tierras Rurales, que desde 2011 restringe la compra de tierras por parte de extranjeros al 15% del territorio nacional. La iniciativa, que se presentaría como "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada", eliminaría las restricciones actuales, permitiendo la adquisición de grandes extensiones de tierra sin límite.
Se argumenta que esta medida podría tener un impacto ambiental devastador, ya que la propiedad privada no estaría sujeta a regulaciones sobre la explotación de recursos hídricos, mineros o la contaminación. Además, se teme la pérdida de soberanía y el control sobre los recursos naturales, beneficiando a capitales extranjeros en detrimento del país.
El debate se intensifica ante la posibilidad de que esta ley, que ya fue frenada por una medida cautelar en diciembre de 2023, sea tratada nuevamente en el Congreso. Se recuerda el caso del Lago Escondido como ejemplo de las consecuencias de la posesión de tierras por extranjeros.