Se debate la ética y legalidad de Manuel Adorni al utilizar las tarjetas de crédito de sus subordinados para realizar compras personales, como videojuegos por miles de dólares. Se considera un acto de abuso de poder y falta de moralidad.
Se plantea que esta práctica, aunque no sea un delito penal, expone a los funcionarios y genera un desgaste innecesario para el gobierno, además de ser un acto poco honorable.