Se cuestiona la ética y legalidad de Manuel Adorni al utilizar las tarjetas de crédito de sus subordinados para realizar compras personales, como la adquisición de videojuegos por miles de dólares. Se considera un abuso de poder y una falta de moralidad.
Se argumenta que, si bien la justicia podría no encontrar implicaciones legales directas, estos actos exponen a los funcionarios y generan un desgaste innecesario para el gobierno.