Se debate sobre la capacidad de la justicia para actuar ante casos de corrupción, comparando la situación con la de Adorni y expresando dudas sobre la celeridad y efectividad de los procesos.
Se enfatiza que la condena social ya está dada, pero se cuestiona si esto ejercerá suficiente presión sobre el sistema judicial. Se menciona la realización de una inspección ocular en la casa de Insaurralde.
Se expresa la necesidad de que la justicia actúe rápidamente y que la política no se vea envuelta en estas prácticas, para evitar retroceder a un pasado nefasto.