Se cuestiona cómo funcionarios públicos como Martín Insaurralde pueden mantener un nivel de vida ostentoso, incluyendo mansiones y autos de alta gama, sin que sus declaraciones juradas reflejen tales ingresos.
Se critica la lentitud de las investigaciones judiciales, que tardan años en determinar si las cuentas de los funcionarios cierran o si hay irregularidades. Se menciona que la carga de la prueba se invierte, y que los funcionarios deben demostrar la legitimidad de sus bienes, no al revés.