Se debate sobre la procedencia de los dólares encontrados, cuestionando si provienen de la corrupción y quién debe hacerse cargo de ellos.
Se argumenta que, en casos de funcionarios públicos, la carga de la prueba se invierte: deben demostrar que los fondos son legítimos y están declarados, en lugar de que la justicia pruebe lo contrario. La falta de bancarización del dinero encontrado en un cajón es un punto clave.