Se investiga una red de desarmaderos ilegales que comercializan autopartes de vehículos robados. Estos desarmaderos operan sin control, ingresando los autos sin registro y vendiendo las piezas en el mercado negro, afectando a familias que perdieron su herramienta de trabajo.
La situación se agrava por una normativa reciente que amplió la cantidad de piezas comercializables, pero que también podría estar siendo utilizada por los desarmaderos ilegales para blanquear mercadería robada. Se cuestiona la figura de la "buena fe" en la compra de estos vehículos y autopartes, ya que la ley exige la baja en el registro automotor.
Expertos señalan que la ley 25.761, que regula los desarmaderos, busca formalizar el mercado y dar trazabilidad a las piezas. Sin embargo, la existencia de estos lugares ilegales demuestra fallas en los controles y genera un perjuicio económico y social.
Se debate si la crisis económica impulsa a la gente a recurrir a estos mercados clandestinos por los bajos precios, pero se enfatiza que esto no justifica la ilegalidad. La falta de controles efectivos y la connivencia permitirían el crecimiento de este negocio ilícito.