Un grupo de campesinos paraguayos presentó una denuncia contra el Estado por el presunto asesinato y desaparición de al menos 10 agricultores durante la dictadura (1954-1989). El abogado Pedro Santa Cruz calificó los hechos como crímenes de lesa humanidad.
La denuncia se relaciona con la persecución y despojo de tierras a las ligas agrarias cristianas, un movimiento campesino surgido en 1960. Se alega la participación del Estado paraguayo en una cadena de represión sistemática contra esta comunidad.