La corrupción genera un costo directo e indirecto enorme para Argentina, afectando la percepción del país a nivel internacional. El índice de percepción de la corrupción ha caído, incluso durante la gestión de Javier Milei.
Se estima que la corrupción representa entre el 8% y 10% del PBI en Argentina, lo que se traduce en miles de millones de dólares perdidos. Esto desalienta la inversión extranjera y fomenta políticas clientelares.
La indignación ciudadana ante la inmoralidad de los funcionarios públicos también representa un costo moral y social significativo, erosionando la confianza en las instituciones.