Se cuestiona la legitimidad de diversos actos y contratos del gobierno, calificándolos como "truchos". Se menciona el caso de un funcionario, Esper, que enfrenta un pedido de indagatoria, y se sugiere que su situación se ve agravada por la intervención de un contador y la posible postergación de su declaración judicial.
La discusión apunta a una presunta red de irregularidades que involucraría a varios funcionarios y contratos, generando dudas sobre la transparencia de la gestión actual.