Se cuestiona la actitud de Adorni al afirmar que no tiene nada que explicar sobre su vida privada, mientras que los funcionarios públicos deben justificar la evolución de su patrimonio para demostrar la ausencia de enriquecimiento ilícito.
Se enfatiza la necesidad de transparencia en la gestión pública y la obligación de los funcionarios de explicar cómo varían sus patrimonios durante el ejercicio de sus funciones, como forma de prevenir la corrupción.