Representantes de organizaciones de discapacidad denuncian que el gobierno de Javier Milei está desarticulando la vida de las personas con discapacidad, quitando medicamentos, apoyos y terapias. La situación es crítica, ya que muchos deben elegir entre cobrar una pensión, tener un trabajo, o acceder a medicamentos esenciales.
Se acusa al gobierno de "perversión" y de generar un "enemigo interno", identificando a las personas con discapacidad como la "casta". Se menciona el financiamiento de campañas con fondos destinados a la discapacidad y se advierte sobre la falta de conocimiento del actual gobierno en esta área, calificándolo de "perverso y odiante".