Las reformas en Cuba buscan dinamizar la agricultura, el comercio exterior y el turismo, permitiendo una mayor autonomía a empresas estatales y la entrada de nuevos actores privados, incluyendo extranjeros y cubanos no residentes.
Estas medidas otorgan mayor poder al sector privado a mediano plazo, representando un cambio de paradigma en un país cuya economía está mayoritariamente estatizada desde los años 60.
La implementación de estas reformas es vista como una estrategia de emergencia para enfrentar la crisis y evitar consecuencias políticas y sociales irreversibles, aunque se reitera que no suponen una desviación del proyecto socialista.