Se mencionan precedentes históricos de anulación de condenas en Argentina, como el caso de María Estela Martínez de Perón en la década del 80.
Se recuerda que durante el gobierno de Alfonsín, se anuló la condena a la expresidenta por la causa de la "cruzada de la solidaridad", relacionada con la emisión de cheques y defraudación.
Se establece un paralelismo con la situación actual, sugiriendo que el Congreso tiene la facultad de intervenir en casos de condenas, aunque se aclara que no se está hablando de una votación específica para Cristina Kirchner.