El régimen cubano ha aprobado una serie de medidas calificadas como "capitalistas" por el Parlamento y el Partido Comunista, buscando una apertura a la inversión privada nacional y extranjera ante la presión de Estados Unidos.
Estas reformas apuntan a un crecimiento del sector privado y una posible reducción del rol del Estado y de la empresa Gaesa, aunque su implementación enfrenta obstáculos como las sanciones estadounidenses, apagones y escasez.
Desde Washington, se exige un cambio de régimen como condición para flexibilizar la política hacia Cuba, lo que dificulta la efectividad de las medidas adoptadas por el gobierno cubano.