La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó una normativa que busca regular la actividad de los "trapitos" o cuidacoches, estableciendo multas y penas de arresto efectivo de hasta dos meses para quienes infrinjan la ley.
La nueva legislación diferencia entre organizaciones y personas que realizan la actividad de forma individual, buscando desarticular las redes de recaudación ilegal. Se argumenta que las penas de cárcel efectiva disuadirán a quienes se dedican a esta labor de forma organizada.
El debate se centró en la efectividad de las medidas y la saturación del sistema carcelario, así como en la necesidad de coherencia en las penas. Se mencionó la dificultad de controlar la actividad en eventos masivos y la falta de presencia policial constante en algunas zonas.