El gobierno adjudicó la hidrovía a la empresa belga Jan De Nul, en una licitación de 25 años y facturación anual estimada en 630 millones de dólares, que ha estado plagada de sospechas de corrupción y cuestionamientos. La empresa operará junto a su socio local, Servimagnus.
La licitación, considerada una de las más grandes de la historia, ha sido objetada desde su concepción, con denuncias sobre pliegos "amañados" y precios de piso que habrían impedido una mayor competitividad. Se cuestiona la posible afectación a la soberanía argentina, dado que por la hidrovía circula el 80% del comercio exterior del país.