La investigación judicial sobre los movimientos de Manuel Adorni y su posible enriquecimiento ilícito genera un problema político para el gobierno, según Fernando Andrés, diputado por la Ciudad de Buenos Aires. Si bien la justicia avanza, la parálisis en el Congreso se acentúa por la permanencia de Adorni en su cargo.
Andrés enfatizó que el Congreso está imposibilitado de tratar leyes importantes, como el Super RIGI, debido a la situación actual. Advirtió que mientras Adorni continúe como Jefe de Gabinete, el gobierno no podrá sancionar las leyes necesarias para su gestión. La estrategia del gobierno de evitar sesiones en el Senado se interpreta como un intento de no exponer a Adorni a un "cachetazo político".
Por su parte, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, ha mostrado diferencias con Adorni, aunque no ha sido tan contundente como el PRO en exigir su renuncia. Se menciona que Bullrich presentó su declaración jurada antes que Adorni y que ha hablado de una "omisión ética" de su parte. Sin embargo, se cuestiona la efectividad de sus declaraciones, ya que Adorni sigue en su puesto.