Las autoridades de Irán han ejecutado a dos personas condenadas por su participación en disturbios violentos y protestas antigubernamentales que se iniciaron a finales de 2025. Los ejecutados fueron hallados culpables de cargos de "corrupción en la tierra" y destrucción de propiedades.
Estas ejecuciones ocurren en un contexto de represión de las protestas que han resultado en la muerte de cientos de personas y denuncias de infiltración terrorista por parte de Teherán. La comunidad internacional observa con preocupación la situación de los derechos humanos en Irán.