Se expone un conflicto entre una propietaria, Solange, y sus inquilinos, Juan Pablo y su familia, por el alquiler de una casa que incluye pileta y quincho. La disputa se originó cuando Solange decidió aumentar el alquiler de 600.000 a 900.000 pesos, argumentando que los inquilinos querían hacer uso de la pileta y el quincho, que según ella no estaban incluidos en el alquiler original.
Los inquilinos, por su parte, afirman que el contrato verbal inicial no especificaba la exclusión de la pileta y el quincho, y que el aumento propuesto era excesivo e imposible de afrontar. La situación se agravó cuando, según el relato de Solange, ella ingresó a la propiedad el 19 de noviembre para que se retiraran, mientras que los inquilinos denuncian un robo de 10 millones de pesos y pertenencias ese mismo día.
La abogada de Solange, Aldana Pascual, explica que el contrato de locación no fue firmado, lo que genera vacíos legales. Si bien existen comunicaciones por WhatsApp que podrían acreditar las condiciones acordadas, la falta de un contrato escrito complica la situación. Los inquilinos denuncian haber pagado el mes de noviembre y se les habría exigido un desalojo inmediato, mientras que la propietaria argumenta que el aumento se solicitó porque los inquilinos querían hacer uso de áreas no incluidas en el acuerdo inicial.
El conflicto escaló con denuncias cruzadas: Solange acusa de usurpación, mientras que los inquilinos denuncian robo. Ambos han recurrido a abogados, y se menciona que los inquilinos no se presentaron a mediaciones judiciales, lo que dificulta una resolución. La falta de un contrato formal y la informalidad en los acuerdos parecen ser el núcleo del problema, dejando a ambas partes en una situación de incertidumbre legal.