La abogada de una víctima de Barrilier cuestiona la lentitud de la justicia y la tardanza en dictar medidas de protección. Señala que la orden de restricción perimetral se emite un año después de los hechos y cuando el agresor ya se encuentra detenido. La letrada sugiere que una intervención judicial más rápida podría haber evitado el femicidio de Agustina Vega.
El fiscal Garzón ha recaratulado la causa como "privación ilegal de la libertad agravada". La abogada enfatiza la importancia de que la justicia actúe de manera contundente, especialmente en casos de violencia de género, para prevenir futuras tragedias.
Se plantea la duda sobre si Barrilier actuaba solo o si formaba parte de una red, y se menciona la posibilidad de un encubrimiento o protección. La víctima, aunque logró escapar, vive con el trauma y la pregunta de qué hubiera pasado si no lo lograba, comparándose con el caso de Agustina.