Se cuestiona la actuación de la justicia en el caso de Barrilier, quien, tras ser denunciado por privación ilegal de la libertad agravada y amenazas, habría sido dejado en libertad. La abogada de una víctima anterior sugiere que si la justicia hubiera actuado con celeridad, el femicidio de Agustina Vega podría haberse evitado.
Se plantea la hipótesis de un posible encubrimiento o protección, dado que un empleado municipal supuestamente no podría solventar gastos legales elevados sin ayuda. Se menciona una supuesta "bajada de línea" a abogados para que no declaren ante medios nacionales, lo que sugiere un intento de controlar la información y evitar que la investigación trascienda.