Se cuestiona la credibilidad de Adorni, quien confesó haber evadido impuestos y mentido sobre su situación patrimonial. Se argumenta que la justicia podría no penalizarlo debido a nuevas leyes, pero su conducta es inaceptable para un funcionario público.
Se plantea la duda sobre si Adorni puede administrar los recursos del país tras haber mentido reiteradamente. Se señala que, a pesar de las promesas de un gobierno que critica la "vieja política", Adorni no pagó impuestos incluso con Milei como presidente.
Se debate si la justicia debe intervenir o si la mentira de Adorni es suficiente para justificar su remoción del cargo, independientemente de las consecuencias legales.