La Unión Europea implementa a partir del 12 de junio el Pacto Europeo de Migración y Asilo, un acuerdo que busca regular la recepción de migrantes y poner fin a las disputas entre los países del bloque.
El pacto establece un mayor control en las fronteras exteriores, con identificación biométrica y registro de huellas dactilares. Se creará un sistema de datos para almacenar información biométrica de los migrantes y solicitantes de asilo.
Se implementarán procedimientos acelerados en las fronteras para casos con bajas probabilidades de obtener asilo, con un plazo máximo de 12 semanas para la respuesta. Los críticos advierten sobre la disminución de garantías jurídicas y la normalización de la detención en fronteras.
El acuerdo también contempla el principio de solidaridad obligatoria pero flexible, donde los países deberán ayudar a los estados con presión migratoria mediante la recepción de solicitantes o compensaciones económicas. Se crearán mecanismos especiales para hacer frente a llegadas masivas.
El pacto enfrenta resistencias de países como Hungría y Eslovaquia. El clima político en Europa se ha tornado más hostil hacia la inmigración, con el aumento de fuerzas conservadoras y nacionalistas en el Parlamento Europeo.