La Unión Europea atraviesa su transformación migratoria más profunda desde su creación, marcada por el Pacto Europeo de Migración y Asilo de 2024, que busca establecer un marco jurídico común.
El pacto introduce un mayor control fronterizo con identificación biométrica y un sistema de datos centralizado. Se establece el principio de solidaridad obligatoria pero flexible, con compensaciones económicas por cada traslado rechazado y apoyo logístico.
Críticos argumentan que el pacto reduce garantías jurídicas y normaliza la detención en fronteras. Países como Hungría y Eslovaquia se oponen a sus directrices, mientras el clima político se torna más hostil hacia la inmigración.
Se mencionan cambios regulatorios como el Reglamento de Retorno y la ampliación de listas de "países seguros", agilizando la tramitación de solicitudes de asilo. Gobiernos como el de Italia buscan externalizar centros de internamiento y examen de solicitudes a terceros países.
La política migratoria europea se remonta a la posguerra, con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados protegiendo la dignidad humana y el principio de no devolución. Sin embargo, el pacto actual enfrenta fuertes resistencias y un giro hacia la derecha.