Se plantea un escenario hipotético de cambio de signo político en las próximas elecciones de 2027. Si el actual presidente no es reelegido y asume otro de distinto signo, la política criminal podría cambiar, derogando la ley de inocencia fiscal.
En ese caso, quienes se hubieran acogido a esta ley quedarían expuestos a investigaciones. Se advierte sobre la complejidad de estos instrumentos legales y las posibles consecuencias para quienes los utilicen, quedando atrapados en una situación laberíntica.