El Jefe de Gabinete y su esposa se adhirieron a la Ley de Inocencia Fiscal, un mecanismo que les permitiría evitar investigaciones futuras sobre posibles ingresos no declarados previos a 2025.
Esta adhesión implica el reconocimiento de tener dinero "en negro" o ingresos no declarados, aunque no necesariamente implica haber cometido un delito de evasión. La ley busca establecer un "tapón fiscal" para extinguir la acción penal respecto a esos fondos.
La medida se da en un contexto donde el Jefe de Gabinete y su esposa están siendo investigados por enriquecimiento ilícito y posible lavado de dinero, ya que no podrían justificar su nivel de gastos y vida con sus ingresos declarados.
La justicia, a través de la fiscalía y con la colaboración de peritos contables, está analizando la información financiera y los comprobantes de gastos para determinar la veracidad de las declaraciones y la posible existencia de sobreprecios o irregularidades.