Se planteó la necesidad de políticas públicas predecibles y sostenibles para el sector agropecuario, incluyendo una ley de biocombustibles que incentive inversiones a largo plazo, más allá de las decisiones coyunturales de funcionarios.
Se criticó el peso de las retenciones, calificándolas como un impuesto inexistente en otros países. Se mencionó que la reducción de retenciones, especialmente en soja, estuvo sujeta a la recaudación y la posibilidad de reelección presidencial, lo que genera incertidumbre.
Se abogó por una reforma tributaria a nivel nacional que alivie la carga sobre el sector agropecuario y fomente la generación de empleo y riqueza en el interior productivo del país, en contraste con otras industrias como la minería o la energía que reciben incentivos.