La Unión Europea implementa el Pacto Europeo de Migración y Asilo, buscando unificar criterios y controlar la recepción de migrantes. El pacto establece procedimientos acelerados en las fronteras, identificación biométrica y un sistema de datos para almacenar información de los migrantes.
Se introduce un principio de solidaridad obligatoria pero flexible, donde los países miembros deben colaborar en caso de presión migratoria, ya sea recibiendo solicitantes de asilo o mediante compensaciones económicas. También se contemplan mecanismos especiales para situaciones excepcionales.
El pacto enfrenta resistencias de países como Hungría y Eslovaquia, y se da en un contexto de creciente hostilidad hacia la inmigración en Europa, evidenciado por el ascenso de fuerzas conservadoras y nacionalistas en elecciones recientes. Se han implementado medidas como el Reglamento de Retorno y cambios en la interpretación de "país seguro", afectando a solicitantes de asilo de naciones como Marruecos, Túnez, Egipto o Colombia.