Se discute la responsabilidad del Estado y las familias en los operativos de búsqueda de menores desaparecidos. Se plantea la pregunta de quién debe asumir los costos cuando la desaparición es voluntaria y no hay indicios de delito.
Se argumenta que si un menor se fuga por un capricho o un enojo, los cordobeses, a través de sus impuestos, terminan pagando la movilización de recursos. Se introduce la idea de que la familia debería hacerse cargo en tales casos, aunque se reconoce que esto genera un debate legal y ético.
Se enfatiza la importancia de que la unidad judicial y el fiscal traten cada caso con la seriedad que merece, independientemente de si se trata de una fuga voluntaria o un delito. Se concluye que, aunque la ley actual establece que el Estado debe buscar, la discusión sobre la responsabilidad familiar en casos de fuga voluntaria queda abierta.