Se plantea un debate sobre quién debe costear los operativos de búsqueda de menores desaparecidos cuando la fuga es voluntaria y no hay intervención de terceros.
Se sugiere que, en casos de fuga por motivos personales o familiares, los padres deberían asumir los costos, en contraposición a los casos de delitos graves como el de Agostina, donde el Estado provincial cubre los gastos.
Se menciona que en otras provincias se ha intentado implementar el cobro a los padres por operativos de búsqueda de menores, generando controversia sobre la legalidad y la ética de dicha medida. Se debate si la ley permite este tipo de sanciones y cómo debería abordarse la responsabilidad familiar.