La esposa del jefe de gabinete, Bettina Angeletti, se acogió a la ley de blanqueo (ley 27.799) solicitada el 31 de mayo, lo que ha generado controversia ya que, si bien la ley no excluye explícitamente a funcionarios, tradicionalmente se consideraba que no debían acceder a estos beneficios.
Esta adhesión se da en un contexto donde Manuel Adorni está siendo investigado por el fiscal Policita, quien espera su declaración jurada para evaluar un posible procesamiento. La ley de inocencia fiscal permite declarar bienes no declarados sin consecuencias penales, pero su aplicación a funcionarios genera dudas sobre la equidad y la transparencia.
Se especula que el propio Manuel Adorni podría adherirse a esta ley. La situación se complica porque la declaración jurada de Adorni aún no está lista y se señala una discrepancia de aproximadamente 800 mil dólares entre sus gastos y lo declarado, que serían difíciles de justificar en blanco.
El programa destaca que esta ley de blanqueo busca incentivar la entrada de capitales al sistema, pero su aplicación a personas políticamente expuestas como funcionarios y sus familiares directos abre un debate sobre la ética y la posibilidad de que justifiquen ingresos sin una clara procedencia.