Se plantea la necesidad de un "principio de inocencia fiscal" donde se presuma la inocencia del contribuyente hasta que se demuestre lo contrario.
El objetivo sería facilitar la formalización de ahorros sin persecución fiscal, pero surge la duda sobre si Manuel Adorni, jefe de gabinete, podría estar intentando justificar su enriquecimiento ilícito.
Se menciona la posibilidad de sobresueldos o lavado de dinero como hipótesis sobre su patrimonio.