Se generó un debate sobre quién debe hacerse cargo de los costos de búsqueda de menores que se fugan de sus hogares. Se plantea la pregunta de si los padres deberían cubrir estos gastos, especialmente cuando la desaparición se debe a un capricho o un problema familiar.
Se mencionó el caso de amenazas en escuelas donde los padres deben pagar, y se sugiere que en casos de fugas voluntarias, la familia podría ser responsable de los costos operativos. Sin embargo, se reconoce la complejidad legal y la necesidad de analizar cada situación particular, incluyendo posibles problemas psiquiátricos o de abuso.
La discusión se centró en la disyuntiva entre la responsabilidad estatal de garantizar la seguridad y la posibilidad de que los padres asuman costos para fomentar una mayor responsabilidad familiar.