Se cuestiona la adhesión de funcionarios del gobierno a la ley de inocencia fiscal, también conocida como blanqueo.
Alejandro Bercovich señala que este régimen es una forma de "blanqueo permanente" y que resulta chocante que lo hagan personas investigadas en causas de corrupción y lavado de dinero, como José Luis Spert.
Se argumenta que esta ley genera inseguridad jurídica y que los funcionarios que adhieren podrían haber obtenido dinero de origen no registrado o ilícito.
Se menciona que Manuel Adorni adhirió al régimen, lo que podría interpretarse como una salida para justificar gastos realizados durante su gestión.