La Ley de Inocencia Fiscal, que permite el blanqueo de capitales, generó un amplio debate sobre su aplicación y popularidad. Si bien se argumenta que facilita la regularización de fondos para quienes no pudieron ahorrar en blanco durante ciertos períodos, también se cuestiona si beneficia solo a unos pocos o si constituye un salvavidas para quienes evadieron impuestos voluntariamente.
Uno de los casos más resonantes es el de Lázaro Báez y sus hijos, quienes habrían recibido un sobreseimiento parcial en causas por evasión millonaria gracias a la retroactividad de la ley. La discusión se centra en si esta ley premia tanto al que no pudo como al que no quiso regularizar su situación fiscal.
Se plantea la duda sobre la retroactividad de la ley y su aplicación en casos de evasión agravada, con montos mínimos que ascienden a 100 millones de pesos por tributo y ejercicio anual. La Cámara Federal de Casación Penal resolvió que la ley debe aplicarse de manera retroactiva cuando resulta más benigna para el imputado, lo que explicaría los sobreseimientos en causas como la de Báez.
La popularidad de la ley se atribuye a que, en general, a la gente no le gusta pagar impuestos. Sin embargo, se debate si esta norma es justa y ética, y si su aplicación perpetua podría generar un abuso. La ley permite adherirse una vez, pero la discusión se abre sobre la posibilidad de hacerlo anualmente, lo que implicaría seguir evadiendo impuestos.
Finalmente, se introduce la polémica sobre la adhesión de funcionarios públicos al régimen, como el caso de Manuel Adorni y su esposa, lo que generó un escándalo político. Si bien la ley no excluye a los funcionarios, su aplicación a ellos genera cuestionamientos sobre la ética y la moralidad de la medida.