Tras el hallazgo de Luciana, se reflexiona sobre la importancia de la rápida actuación del Estado en casos de desaparición de menores, comparando con el caso de Agostina, donde el procedimiento fue criticado por demoras.
Se destaca que la fiscalía actuó rápidamente en el caso de Luciana, solicitando el alerta de búsqueda y el alerta Sofía. El gobernador de Córdoba ofreció recursos ilimitados para la búsqueda, reflejando la premisa de que el Estado debe priorizar la localización de personas desaparecidas.
Se menciona que el año pasado hubo 1665 solicitudes de paradero en Córdoba, 805 de ellas de menores. Se enfatiza el esfuerzo y la vocación de todos los involucrados en estas búsquedas, incluyendo policías, bomberos y personal de distintas áreas.