Se revela que muchos cabarets, como Guachita Bar, operan bajo fachadas y tienen dueños vinculados a la política, la justicia o la policía, lo que explicaría la falta de intervención previa.
La presión mediática forzó la clausura del local, y el Consejo Deliberante se vio obligado a actuar. Se sospecha que personas con conexiones al narcotráfico y la prostitución estarían involucradas.
La investigación apunta a la posible vinculación de estas figuras de poder con locales nocturnos y redes de trata de personas.