Se acordó en el Senado retirar los topes a la compra de tierras por extranjeros, delegando la potestad a las provincias para establecer sus propios límites. Esto significa que cada legislatura provincial decidirá si se mantiene el 15% actual, se reduce o se elimina.
La decisión final dependerá de la voluntad política y la presión social en cada provincia. Se destaca la preocupación por la posible extranjerización de tierras en la Patagonia y zonas estratégicas para el desarrollo minero.