La crisis social en Bolivia se agrava, con hospitales en La Paz declarando emergencia por falta de oxígeno y medicamentos. La Defensoría del Pueblo reporta 10 muertos y 37 heridos a causa de la crisis. El presidente Rodrigo Paz evalúa declarar estado de excepción para ampliar el uso de la fuerza militar.
Paz acusa a Evo Morales de financiar y convocar las protestas. Mientras tanto, la situación humanitaria empeora y se reconfigura el marco legal para permitir mayores restricciones y control militar ante las movilizaciones que exigen la renuncia de Paz.